A propósito de lo dicho por la congresista Susel Paredes, que ha motivado una insólita respuesta del Colegio de Abogados de Lima, pretendiendo "disciplinarla".
Más allá de actual coyuntura política o de la presente realidad del CAL, las palabras de la congresista ("Estoy harta de pertenecer al Colegio de Abogados (...) un montón de plata se lleva el Colegio de Abogados"), vengan de donde vengan, expresan el sentir de muchos afiliados, precisamente por la inutilidad del Colegio (y seguramente de otros colegios profesionales del país) frente a las necesidades del gremio en su labor profesional, y por su falta de liderazgo y presencia en la vida nacional. Considerando que los abogados están preparados para emitir opiniones sobre los aspectos jurídicos y políticos, y sobre el manejo del Estado, que lamentablemente, los directivos del CAL durante décadas se han guardado (dejando que los mercachifles del derecho o los mercenarios políticos con título de abogado, rieguen su mentira y su manipulación por todos los medios), opinión que (hay que reconocer) recién el Decano actual, Raúl Canelo, empieza a deslizar, pero que requeriría mayor contundencia y proyección (y no precisamente coactando a quien critica a la institución).
La decisión de alejarse del CAL además de las mencionadas, se sustenta en la debilidad, indiferencia, inacción e incluso obsecuencia, de las pasadas directivas del Colegio de Abogados frente a los cientos de agremiados (que se dicen abogados) que actúan al margen de la ley, muchos de ellos investigados o incluso procesados penalmente (pero no tocados por el CAL, por un erróneo espíritu de cuerpo o seguramente por aquello de "otorongo no come otorongo", a sabiendas que hay mucha ropa tendida o rabo de paja por ahí).
Y ni hablar de los estudios de abogados (grandes o pequeños) que contribuyen con su patrocinio y asesoría a la evasión o defraudación tributaria, al abuso de la banca e instituciones financieras, a la explotación laboral, a la contaminación, al deterioro de la ciudad, al abuso del ente administrativo, a la impunidad de los delincuentes, incluso obrando en contra de la administración de justicia, protegiendo (no patrocinando ni asesorando) a empresarios inescrupulosos, narcotraficantes, tratantes de personas, contrabandistas, comerciantes de piratería, mineros y taladores ilegales y organizaciones criminales en general. Y todo el vasto mundillo de la corrupción, que es muy poderoso, porque en la actualidad está manejando el país.
Por estas y otras razones de orden personal es que hace años dejé de pagar una cuota que solo me servía para tener una habilitación profesional, que por lo demás debería ponerse en cuestión y eliminar como requisito para litigar o asesorar; pero ya sabemos que vivimos en un país en el que, para trabajar se requiere una y otra y otra autorización, por la burocracia existente, la inseguridad, el temor, la informalidad y la corrupción.
Espero que mis colegas se manifiesten sobre un asunto tan importante para la actividad profesional del abogado, tan venida a menos desde hace mucho tiempo, pero tan necesaria para preservar el derecho.
No tenemos un gremio que represente de verdad a la profesión (que no solo es un trabajo, sino sobre todo una vocación de servicio). O que tenga presencia en el control ético de la misma. Tenemos una organización que ahora quiere empoderarse y posicionarse en el espectro jurídico (porque incluso hay mucha carencia de proyección académica e investigación, y el necesario vínculo con la universidad) así como tener presencia en el espectro político, que es también el espacio natural del abogado, y esperamos que así lo sea, pero se requiere más voluntad, más acciones concretas y mayor cpacidad de autocrítica, sin coactar la expresión de los agremiados.
Ya va siendo hora de enfrentar el problema, que lo tenemos en casa, pero no queremos verlo.
